El ente de control fiscal de los isleños asignará a cada investigado un apoderado de oficio garantizando el debido proceso y el cumplimiento de sus deberes y derechos como presunto responsable fiscal.
La asignación del apoderado de oficio será posible a través de un convenio que permite a estudiantes de ultimo semestre de derecho realizar su practicas en la entidad.
San Andrés Islas, 18 de agosto de 2023: A través de un convenio de cooperación celebrado entre la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y la Contraloría General del Departamento, el ente de control fiscal de los isleños fortalecerá el proceso de responsabilidad fiscal, especialmente en lo que concierne a aquellas investigaciones que cursan en contra de ciudadanos que en el ejercicio de sus funciones como servidor público incurrió presuntamente en detrimento al patrimonio y por son responsables fiscales.
“Básicamente el convenio que firmamos consiste en abrirle la oportunidad de realizar prácticas universitarias Ad-honorem en la entidad a los estudiantes de ultimo semestre de derecho de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla en el proceso de responsabilidad fiscal, asignándolos como abogados de oficio a todos aquellos ciudadanos que hoy son investigados por la contraloría debido a los hallazgos fiscales que se han identificado en el proceso auditor” Explicó el Contralor Departamental Starlin Grenard.
Son más de 36 proceso que actualmente cursan en la entidad y que responsabilizan fiscalmente a 69 ex funcionarios y funcionarios de diferentes entidades sujetos de control alcanzando una suma de más de $ 4.000 mil millones de pesos , por lo que este convenio, además de permitir a los estudiantes de la universidad cumplir con uno de los requisitos de grado, dinamizará y acelerará los procesos de responsabilidad fiscal que hoy son eludidos por los investigados debido a que no ha sido posible vincularlos oficialmente al proceso a pesar de haber sido notificados en reiteradas ocasiones, lo anterior, toda vez que manifiestan no contar con los recursos para contratar a un profesional del derecho como apoderado que lo defienda en el proceso.
Otro de los beneficios que tiene para las islas la firma de este convenio, es que la entidad priorizará a los estudiantes de la universidad que pertenezcan a la comunidad Étnica del Pueblo Raizal o que en su defecto tenga la tarjeta Occre como residentes ya legalizados conforme al Decreto 2762, con lo cual se abren las puertas para que cumplan con los requisitos de grado y concluyan sus estudios.
Es de aclarar que este proceso de practicas universitarias esta reglamentada en la Ley 2113 de 2021 la cual prevé que las Instituciones de Educación Superior – IES, puedan suscribir convenios con entidades públicas para la práctica de los estudiantes de Consultorio Jurídico, para que estos puedan actuar en procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías Departamentales cuando sea imposible la notificación; así mismo, el convenio se firma teniendo presente lo señalado en el Artículo 43 de la Ley 610 de 2.000, por la cual estipula y contempla el nombramiento de apoderado de oficio en el siguiente sentido:
“Si el implicado no puede ser localizado o citado no comparece a rendir la versión, se le nombrará apoderado de oficio con quien se continuará el trámite del proceso. Para este efecto podrán designarse miembros de los consultorios jurídicos de las Facultades de Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados inscritos en las listas de auxiliares de la justicia conforme a la ley, quienes no podrán negarse a cumplir con este mandato so pena de incurrir en las sanciones legales correspondientes”.
“Esta iniciativa que tuvimos nace precisamente de buscar estrategias para lograr con mayor celeridad los procesos misionales, no solo de Responsabilidad Fiscal, sino también de cobro coactivo, así que este convenio seguro coadyuvará a la recuperación de los recursos públicos” puntualizó Starlin Grenard Bent, Contralor Departamental, quien además enfatizó que la entidad viene trabajando en estrategias que promuevan un Control Fiscal Participativo y Comunitario.
