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Approaching to our Raizal Community
Participative Fiscal Control on Assets and Resourses of the Department
Citizen Participation is essential to exercise Fiscal Control on public entities and prívate entities that manage public funds and assets of the Departmental level.
What Is the General Control Office of the Archipelago?
Is the Entity that exercises fiscal control on institutions and particulars who handle or manage public money or properties that belongs to the departamental goverment, and is also vigilant to ensures the natural resources and the environmental preservation, under the care of these entities and the money spent to carry out this commitment.
What is the Departamental Control Office Function
The Departmental Control Office, has to do with the management of money that belongs to the Archipielago. This money comes as a result of the paying of our taxes, and that is the principal reason why we do not only have right to be vigilant in the way that these money is been invested or used, but rather, is our obligation.
What is Citizen or Community Participation
Participation is the voluntary intervention of the community in matters of general interest to build collective welfare, therefore it is considered one of the types of relationships that exist within societies in public terms.
Who Can Participate?
Community participation has to do with the free will of a people or community, to take part or participate of the decisions, that they consider can affect them (us).
Administrativo Sancionatorio
PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL
El Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal, es el conjunto de actuaciones administrativas que adelanta la Contraloría General del Departamento Archipiélago, con el fin de facilitar la vigilancia fiscal y el proceso de responsabilidad fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal.
A través del trámite del Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal, no pretende la Contraloría resarcir, ni reparar el daño producido al patrimonio público, sino utilizarlo como un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.
La Ley 42 de 1993 en sus artículos 99 y siguientes, prevé que los contralores en ámbito de su jurisdicción y competencia, podrán imponer sanciones o solicitar a la autoridad competente su aplicación, según sea el caso, a cualquier entidad de la administración, servidor público o particular que maneje fondos o bienes del Estado; cuando consideren con base en los resultados de la vigilancia fiscal, que han obrado contrariando los principios establecidos en el artículo 8° de dicha ley, así como obstaculizar las investigaciones y actuaciones que se adelanten sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar por los mismos hechos.
Las sanciones aplicables por la Contraloría General del Departamento Archipiélago podrán ser de amonestación o de Multa.
La Contraloría General del Departamento Archipiélago podrá en el ámbito de su competencia amonestar o llamar la atención a cualquier entidad de la administración, servidor público, particular o entidad que maneje fondos o bienes del Estado, cuando considere, con base en los resultados de la vigilancia fiscal que han obrado contrariando los principios establecidos en el artículo 9 de la Ley 42 de 1993, así como por obstaculizar las investigaciones y actuaciones que adelanten las Contralorías, sin perjuicio de las demás acciones a que pueda haber lugar por los mismos hechos.
Y Multará a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes de las entidades bajo su ámbito de competencia, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les sea hecha; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente para ello.
Funcionarios de la Contraloría Departamental viajan a Providencia para cumplir con el calendario de Auditorías Regulares
San Andrés Islas, 11 de Abril del 2016: A partir de hoy inician las auditorías regulares de la gestión realizada en la administración 2015 de la Alcaldía de Providencia y las Instituciones Educativas María Inmaculada y Junín.
Los 8 funcionarios de la contraloría realizarán su labor acorde con lo estipulado en sus funciones desarrollar los ejercicios auditores acorde a lo programado en el Plan General de Auditorias – PGA- 2016, siguiendo también lo estipulado en la guía de Auditoria Territorial- GAT, Adoptado por la contraloría General del Departamento.
Además, se adelantarán las actividades programadas por la dependencia de Auditorias y Participación Ciudadana con la posesión de los contralores escolares de las Instituciones Educativas de Junín, María Inmaculada y Bombona; el cual se llevará a cabo el 15 de abril a las 9:00 am en las instalaciones de la Institución Educativa Junín.
La ceremonia de posesión estará encabezada por el Contralor Encargado Alexis Arrieta Pacheco y las funcionarias de participación Ciudadana Ana Patricia Taylor y Angy Reeves, quienes harán énfasis en el desarrollo de una gestión transparente y productiva, alineada con la labor de los Contralores Escolares de San Andrés.
Gestión Documental
Instrumentos Archivisticos
Tablas de Retención Documental